La última agresión de Ortega y Cía. contra Costa Rica y los Tratados regionales, oponiéndose a trasladar aquí la Presidencia pro tempore del SICA, permite imaginar su grito cuando la Corte de La Haya, ojalá, resuelva a nuestro favor la demanda sobre nuestros derechos de navegación en el San Juan.

Es risible que Ortega nos reclame no ser parte del Parlacen ni de la Corte Centroamericana. Esta ya mostró su “calidad” en el conflicto Honduras-Nicaragua, cuando nadie obedeció su fallo sobre el impuesto inventado por Alemán para chantajear a su vecino; cuando se quedó con solo dos miembros; y cuando se evaporó en el juicio de ambos países en La Haya. Este reclamo a quien avergüenza es a Ortega. Porque si lo que tiene en su país es una Corte Suprema subordinada a él y a su mujer, no tiene autoridad moral para reclamarnos el rechazo a un tribunal regional de igual o peor jaez que el suyo; y menos para darnos lecciones de nada, porque aquí sí se respetan –y no de ahora–, los tratados, el Estado de derecho y las libertades.

Sobre el Parlacen basta recordar al Presidente panameño. Dijo: “En Panamá, el Parlacen no tiene ningún valor agregado. Todos los diputados panameños tienen exoneraciones de carros y se la pasan vendiéndolos a terceras personas. Cada vez que hay un escándalo, es una persona ligada al Parlacen. Ha sido una cueva de inmunidades, de personas que se refugian allí para protegerse ” ( La Nación, 23/5/09).

La vuelta de Ortega al patrimonialismo estatal, a sus tentaciones totalitarias; y el tenebroso crimen en Guatemala atribuido, en un video pregrabado por la víctima, al presidente Colom, su esposa y ayudantes, son un par de muestras más de la debilidad institucional y la fragilidad democrática de muchos Estados en la región, inacabados, débiles y fragmentados. Allí los fuertes son las cúpulas enriquecidas y los ejércitos omnipresentes. Allí sigue reinando la represión, la violencia y el menosprecio a las libertades.

Por eso hay que rechazar presiones como las de la UE para que nos aventuremos en proyectos de integración política lesivos al interés nacional. No debemos centroamericanizarnos en un mal sentido, máxime que, sin su ayuda, pareciera que lo venimos haciendo. Al redefinir nuestro camino, debemos dejar el complejo de culpa de algunos por las reservas ticas a uniones políticas precipitadas. Costa Rica ha sido la última en ingresar a la integración, pero también la última en salirse. Hay libertades y conquistas sociales que no se deben cambiar por el canto de sirena de una supuesta hermandad que, aunque deseable, apenas repunta. Hay que construirla, pero no con falsa retórica, sino con realidades.

Publicado: La Nación, 31 de mayo 2009

Hoy son constantes las violaciones al sitiado Código de Trabajo y al tan dañado ambiente; y de moda, las amenazas y violencias contra quienes denuncian y se oponen a los negocios y proyectos privados, social y ecológicamente perjudiciales.

Además de fiscales, jueces y testigos, la situación es grave. En mayo el Sindicato de Trabajadores y Empleados Públicos y Privados (Sitepp) denunció persecución sindical y haber recibido amenazas hasta de muerte. Cuatro personas intimidaron al sindicalista Aquiles Rivera para que dejara su activismo, o sería acallado; se irrumpió en la sede, robaron 15 expedientes y dañaron computadoras y equipos.

En muchas construcciones los trabajadores extranjeros laboran en condiciones infrahumanas. Recién un canadiense, que compró buena parte de Guanacaste, repitió las violaciones laborales, sin que el Ministerio de Trabajo saliera de su sopor. Entre los ecologistas aún perdura el pesar y la duda por las muertes en 1994, en Moravia, de tres colegas de la AECO, sobre todo cuando solo un mes después apareció sin vida el cuarto integrante del grupo, mientras luchaban contra la construcción de un muelle astillero en el golfo Dulce. En Sardinal hubo amagos de violencia y provocaciones que no pasaron a más porque, a pesar del peso echado en la balanza por el Gobierno en favor de los desarrolladores, la comunidad impidió ocultar las ilegalidades.

Ahora siguen las granjas atuneras, rechazadas por los ecologistas de Pretoma, que el Minaet autoriza en el golfo Dulce; y en el Cairo de Siquirres la contaminación con agroquímicos por Del Monte, en especial el ultratóxico bromasil, de las nacientes Milano, El Cairo, La Francia, y del río El Destierro; o bien, con la vía a Caldera, la de Calle Sánchez de Ciruelas por Autopistas del Sol, amén de las de la Dos Pinos en el Coyol de Alajuela.

Ciertamente algunas instituciones han actuado bien. Pero la última sentencia de la Corte de Derechos Humanos exige mucho más, pues “dada la relación entre la protección del medio y los otros derechos humanos” y “la importancia del papel que cumplen los defensores de derechos humanos en las sociedades democráticas… (ello) impone a los Estados el deber de crear condiciones legales y fácticas en las cuales puedan desarrollar libremente su función ”.

El Presidente habla, hace, anuncia que irá a Copenhague con el presidente Sarkozi, de Francia, a luchar contra el cambio climático. Mientras, aquí seguimos con la mina a cielo abierto declarada de interés público, la contaminación del golfo Dulce, de los ríos, el desastre ecológico de la costa pacífica, y trabajadores y ecologistas sin protección. Como diría el Padre Volio, queremos “hechos, no palabras”.

Publicado: La Nación, 24 de mayo 2009