Como si la inseguridad no fuera gravísima, se quiere coartar el derecho y la libertad ciudadana de adquirir y portar legalmente armas para la defensa personal, de la familia y del hogar. En nombre de una paz social que languidece y contra una violencia de la que somos víctimas, se quiere arrebatar uno de los medios eficaces que les quedan a las personas honradas, para ejercer el derecho de legítima defensa. Porque el Estado, declaradamente, no brinda ni un mínimo de seguridad.
Lo insostenible del criterio que subyace en la prohibición es obvio: también habría que prohibir cuchillos y machetes; con ellos se cometen similar número de crímenes, asaltos y ajuste de cuentas. Y lo mismo con los autos y motos, que acumulan la más elevada tasa de lesiones y muertes. Mientras que el ciudadano decente adquiere un arma cumpliendo los requisitos de ley, el delincuente no. ¿Por qué? Pues porque ir a una armería supone, de entrada, controles efectivos para la Policía sobre el comprador, como dar nombre, cédula, dirección, huellas digitales, fotos, exámenes psico-periciales, etc. En tanto que el delincuente huye de esto porque necesita armas no inscritas, ilegales, contrabandeadas, que pueden ser botadas y destruidas. Los sicarios lo han demostrado hasta la saciedad. Necesitan vitalmente el anonimato, el secreto y cero contacto policial.
No se trata de hacer justicia por la propia mano. En uno de los últimos asaltos, ataron a los clientes de un restaurante, entre ellos a una niña de once años. Fue a última hora que los asaltantes desistieron de violarla delante de sus padres. ¿No hacer nada? ¿Someterse a la vejación? ¿Es tal la impotencia ante la ola delincuencial, que se quiera recurrir a “soluciones” que van contra el ciudadano? Más que el narco, el trasiego ilegal de armas es el negocio más productivo del mundo. Y con unas Centro y Suramérica como las actuales, el problema es detener el tráfico ilegal de armas y jamás lanzar a miles de personas honorables, pero dignas y cautas –entre ellos cientos de campesinos que tienen un .22 o una escopeta–, a la ilegalidad y a burlar la ley. No hay que perseguir a la gente honrada sino a los delincuentes, que son los que andan con AK-47.
Que cada quien opte por la conducta que juzgue mejor. Pero hay que respetar a los miles de costarricenses a los que nada ni nadie les quitará su legítimo derecho a defenderse y a defender a los suyos. Por eso, ni es el momento de dividir a la ciudadanía sobre este tema, ni mucho menos garantizarles a los delincuentes que pueden atacar impunemente a una población indefensa. Los problemas, gravísimos, de seguridad, responden a razones estructurales, falta de políticas coherentes e ineptitud de los responsables de diseñarlas y ejecutarlas.
Publicado en La Nación de Costa Rica de 29 de noviembre de 2009.