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31 de enero de 2010

Los debates han saturado al elector. Y, a falta de preguntas incisivas y respuestas sintéticas y ocurrentes, se termina “enjuagado y sin lavarse”. Al mezclar lo importante con lo irrelevante, lo principal se rebaja a secundario y todo ocupa un mismo y disminuido nivel.

Sin embargo, el voto del siete de febrero no resolverá quién es el menos peor, ni quién cambió su ayer político. El único que no cambió –pero no como virtud, sino como defecto de rigidez–, es don Ottón. Los demás sí: el Libertario y, en especial, el PLN y el PUSC, confundidos en la nefasta mancuerna del PLUSC que Fishman abiertamente añora, que dejaron de ser socialdemócratas y socialcristianos, para convertirse en neoliberales vergonzantes. Si, como dice el Corán, en la otra vida la edad es de 33 años para siempre, y don Pepe, Orlich y Oduber resucitaran con sus energías de entonces, los hermanos Arias y compañía le darían la vuelta al globo en diez minutos.

Sobre contenidos, no ha habido discusión alguna. Pero lo decisivo es si Costa Rica continuará por la vía fracasada de una apertura a ultranza, desmantelando al Estado y usándolo como botín político y como sinapismo tranquilizante en lo social; y favoreciendo a un pequeño sector corporativo, erigido en nueva élite dirigente. O si, por el contrario, comienza un cambio hacia un desarrollo sostenible, orientado a la población, ampliar la participación empresarial de la clase media y baja, y a rescatar el sistema de la concentración de poder y el bonapartismo tropical.

El modelo actual apuesta a más proletarios y menos propietarios, en nombre de la eficiencia. Por eso, subordina a ello lo social; exige más concentración de poder en el Ejecutivo y cuasidesmantelar el legislativo. No tiene nada de social ni de demócrata. Menos hay nada de social ni de cristiano en esa alianza pluscista con su adversario histórico, al que logró arrancarle la medalla de oro de la corrupción, no más sea porque la avaricia es uno de los pecados capitales.

El desarrollo nacional tiene hoy tres grandes vertientes electorales: dos que paradójicamente confluyen, pese a sus diferencias; y otra, que si habla otra vez de socialdemocracia, es porque rebotó con la realidad al chocar con la crisis mundial. Las dos primeras son el nuevo liberalismo –que se quiere social – de Guevara y el neoestatismo desburocratizado y libre de corrupción de Solís. Y el tercero es el continuismo de Laura Chinchilla, la perpetuación del binomio de los Arias y su entorno neocorporativista de cataplasmas sociales. Esta es lo ausente en los debates. Y es lo que se resolverá, con sal hepática o sin ella, en las elecciones. Aunque usted no lo crea.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 31 de enero de 2010.

27 de enero de 2010

La crisis financiera del PAC es testimonio de que la contribución estatal a las campañas y los partidos no funciona bien y que su diseño actual conduce a situaciones muy negativas, como la manipulación plutocrática y pingües ganancias para unos cuantos; a maniobras políticas del Gobierno; y, en fin, a la mentira y el disimulo de muchos.

Pienso que aquí está envuelto un gravísimo tema de derechos políticos y democráticos que trasciende al TSE y llega hasta la Sala IV. Se amenazan, de hecho, los derechos políticos reales de participación electoral, al permitirse que un criterio puramente mercantil, aplicado por bancos que son del Estado, y no privados, les lleve a actuar contra el espíritu y  la letra de la Constitución.

Esta cómoda ambivalencia –preñada de efectos cívicos negativos–, que se da entre lo privado y lo público en los bancos del Sistema Bancario NACIONAL –así, con mayúsculas – (para no hablar del carácter estatal de las frecuencias de radio y televisión), resaltan la contradicción entre la necesidad del sistema democrático de sustraerse al poder del dinero y las acciones mercantilistas de la banca estatal, que en vez de fortalecerlo lo debilitan y lo hacen menos funcional y equitativo.

En financiación electoral – remember don Abel cuando se negó a dar cuentas diciendo : “yo no soy sapo”–, el ocultamiento de las huellas y las maniobras es sistemático y las trazas se borran; máxime cuando un Gobierno ha estado con pica-pica por meter las manos en la campaña electoral y tiene una influencia decisiva en los bancos que financiarían a los partidos contrarios. Aquí, a diferencia de lo penal, no cabe la presunción de inocencia.

Esto demuestra que hay que definir el carácter real de esas instituciones gallo-gallina : sin son públicas, pues que den prioridad al servicio de los ciudadanos, sus usuarios –que no clientes– y, en última instancia, sus dueños, con lo que ganancia y beneficio cambian sustancialmente de significado.

Pero si quieren ser –y actúar– como privadas y en vez de servir al campesino y al productor buscan servirse de ellos, importándoles más sus ganancias y réditos que fortalecer el sistema democrático, pues que dejen sus cantinelas patrioteras y renuncien a la protección del Estado.

De lo contrario, con el apoyo del Estado y bajo el mito de servir a todos, será esa banca una maquinaria privada para hacer dinero y beneficiar a muy pocos y no a toda la nación. Una cosa es la apertura financiera y el fin del monopolio de los depósitos; y otra muy distinta, un grupo de bancos privilegiados por ley, diz que estatales, que operan al margen y hasta en contra del interés y las necesidades de la democracia.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 24 de enero de 2010.