March | 2010 |

Hizo muy bien doña Laura en no dejarse engatusar con el Código de Ética con que quisieron endulzarla, desde el Ministerio de la Presidencia, para eludir la reforma de la DIS. Su respuesta no rechazó la iniciativa, pero dejó claro que ahí lo que se requiere es una reestructuración total y una redefinición a fondo de sus funciones, controles, objetivos y métodos de trabajo.

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La seguridad nacional y la toma de decisiones requieren, en un Estado moderno y democrático, un organismo de información del Estado que se corresponda, pero de verdad, con su naturaleza. Contra la maledicencia de los sicofantes y lambiscosos de esta administración –que decían que las críticas eran por inquina personal contra el Presidente o por la búsqueda de poder–, los hechos han sido tercos y ahora doña Laura, con valentía y decisión, rectifica el rumbo y abre un amplio horizonte paran fortalecer y modernizar al Estado.

Claro que hay que aprovechar las experiencias internacionales acumuladas. Pero eso no debe dar pie a que se convierta en el reducto de cuanto servicio de inteligencia ande dando vueltas en el planeta. Debe ser nuestro y para nosotros, no una agencia de doble y triple sueldo y patrón, como en tantas oportunidades. Obviamente, no se trata de un SIM, estilo Trujillo, o los servicios que violaron derechos humanos en España en el gobierno de Felipe González; menos las unilateralidades, torturas y pifias de la CIA, que no supo dónde estaba la embajada china en Teherán, pese a estar registrada en la guía telefónica; ni mucho menos de servidores que hundan al Ejecutivo en un vergonzoso Watergate. Ni se quiere eso, ni hay plata para pagarlo. Y no lo debe pagar nadie más, porque por la música baila el perro.

La reestructuración de la DIS abre un horizonte inédito que debe ser bien aprovechado. Primero, porque la calidad humana, profesional y política de los nuevos ministros permite tener una consejería de gran valor y una excepcional visión política e institucional de sus alcances, significados y peligros. Segundo, porque la escogencia en Seguridad Pública brinda un equipo especializado, capaz de asesorar y valorar críticamente sugerencias y propuestas, especialmente si se garantiza la contribución esencial del jefe del Ministerio Público, el director del OIJ y el presidente de la Corte. Y, tercero, porque todo esto, y dada la reconocida capacidad de negociación del ministro de la Presidencia Vargas, sin duda generará la confianza de las demás fuerzas políticas y sociales del país.

Con una reforma así planteada, el éxito del proyecto no depende de un nuevo reglamento legislativo. Porque se trata de modernizar el Estado –no el Gobierno–, mediante controles democráticos y con respeto a los derechos humanos.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 28 de marzo de 2010.

Con el repudio de senadores democrátas y republicanos moderados, las acusaciones de la ultraconservadora hija del exvicepresidente Cheney no tuvieron éxito. Demandaba el despido de siete funcionarios del Departamento de Estado, por el supuesto crimen de haber sido abogados defensores de varios presos de Guantánamo, acusados de terrorismo.

Aquí mismo es frecuente ver la furia de los amigos de las víctimas hacia los defensores del reo, contra quienes descargan su enojo y deseo de retribución por los delitos. Su función vital de garantizar la defensa del acusado –una condición sine qua non para que pueda hablarse de un Estado de derecho– se equipara con complicidad y hasta aprobación del crimen. Se olvida que hay una norma constitucional que estatuye que nadie puede ser condenado sin antes ser oído y convencido en juicio.

Por la naturaleza del delito se habla más de la Fiscalía, de las acusaciones y del fallo de los jueces y mucho menos de la labor esencial de un ente como la Defensoría Pública y del derecho inalienable de defensa. Es humano y comprensible la alta sensibilidad, el resentimiento y el enojo que agita a las personas cercanas a las víctimas. Nadie sabe cómo reaccionaría ante la pérdida de un hijo, un hermano, la pareja o los padres. La ira desatada puede llevar a un “ojo por ojo”, que es comprensible por la profundidad del dolor causado.

Pero precisamente allí es donde los caminos se separan. En un país civilizado, democrático y de derecho, es obligado no solo que sean los tribunales instituidos los que conozcan, juzguen y sentencien sobre el crimen, sino que el reo haya contado con una defensa eficaz, garante de los derechos que tienen todas las personas –hasta Hannibal Lecter del Silencio de los inocentes–, por el simple hecho de ser persona y vivir en un país respetuoso de los derechos humanos.

Es claro que esto puede conducir a situaciones indeseables y muy dolorosas. Las víctimas pueden sentirse como acusadas y nuevamente heridas. Hay ahí múltiples problemas, entre otros el de control por parte del juez.

Pero lo que no se vale es atacar al defensor y al derecho de defensa del imputado; ni insultar y agredir a quienes defienden a los reos, equiparándolos con el autor del delito, por cumplir su labor de defender derechos establecidos por la Constitución y las leyes. Tampoco es válido ver la justicia al margen de la defensa, descuidar las necesidades institucionales de la Defensoría ni valorar la Fiscalía por el número de condenas. Creer que el sistema funciona bien con fiscales y jueces, sin una Defensa Pública sólida, bien estructurada y profesionalmente valorada y respetada, es un error. En ese caso no habrá Estado de derecho, democracia, ni respeto a los derechos humanos.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 21 de marzo de 2010.