Con el repudio de senadores democrátas y republicanos moderados, las acusaciones de la ultraconservadora hija del exvicepresidente Cheney no tuvieron éxito. Demandaba el despido de siete funcionarios del Departamento de Estado, por el supuesto crimen de haber sido abogados defensores de varios presos de Guantánamo, acusados de terrorismo.

Aquí mismo es frecuente ver la furia de los amigos de las víctimas hacia los defensores del reo, contra quienes descargan su enojo y deseo de retribución por los delitos. Su función vital de garantizar la defensa del acusado –una condición sine qua non para que pueda hablarse de un Estado de derecho– se equipara con complicidad y hasta aprobación del crimen. Se olvida que hay una norma constitucional que estatuye que nadie puede ser condenado sin antes ser oído y convencido en juicio.

Por la naturaleza del delito se habla más de la Fiscalía, de las acusaciones y del fallo de los jueces y mucho menos de la labor esencial de un ente como la Defensoría Pública y del derecho inalienable de defensa. Es humano y comprensible la alta sensibilidad, el resentimiento y el enojo que agita a las personas cercanas a las víctimas. Nadie sabe cómo reaccionaría ante la pérdida de un hijo, un hermano, la pareja o los padres. La ira desatada puede llevar a un “ojo por ojo”, que es comprensible por la profundidad del dolor causado.

Pero precisamente allí es donde los caminos se separan. En un país civilizado, democrático y de derecho, es obligado no solo que sean los tribunales instituidos los que conozcan, juzguen y sentencien sobre el crimen, sino que el reo haya contado con una defensa eficaz, garante de los derechos que tienen todas las personas –hasta Hannibal Lecter del Silencio de los inocentes–, por el simple hecho de ser persona y vivir en un país respetuoso de los derechos humanos.

Es claro que esto puede conducir a situaciones indeseables y muy dolorosas. Las víctimas pueden sentirse como acusadas y nuevamente heridas. Hay ahí múltiples problemas, entre otros el de control por parte del juez.

Pero lo que no se vale es atacar al defensor y al derecho de defensa del imputado; ni insultar y agredir a quienes defienden a los reos, equiparándolos con el autor del delito, por cumplir su labor de defender derechos establecidos por la Constitución y las leyes. Tampoco es válido ver la justicia al margen de la defensa, descuidar las necesidades institucionales de la Defensoría ni valorar la Fiscalía por el número de condenas. Creer que el sistema funciona bien con fiscales y jueces, sin una Defensa Pública sólida, bien estructurada y profesionalmente valorada y respetada, es un error. En ese caso no habrá Estado de derecho, democracia, ni respeto a los derechos humanos.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 21 de marzo de 2010.