La autonomía universitaria tiene dos fuentes: la política y la jurídica. Por eso mereció una norma constitucional específica, a diferencia de las otras autonomías. No es que estas sean más débiles, sino que la universitaria es diferente por origen, naturaleza, historia y función política e institucional.
La revolución por la autonomía arrancó en 1918 en Córdoba, Argentina, y se regó como grito de libertad y democracia, muro de contención y último reducto de resistencia contra el golpismo. Este culmina, no con la toma de cuarteles y casas de gobierno, sino cuando asalta y viola la autonomía universitaria. De Cuba a Buenos Aires, de México a Montevideo, autonomía no solo ha significado libertad de cátedra, sino ámbito de libertad, reducto de resistencia y centro político y moral de defensa contra el abuso de poder.
En Costa Rica, Rodrigo Facio, demócratas, apristas y socialistas, vieron la importancia política y democrática de la autonomía y, sin esperar demandas desde abajo, la concedieron desde arriba. Comprendieron que sin ella no habría verdadera universidad y faltaría un pilar central de la democracia. Por eso la especial redacción del artículo constitucional y la prudencia y mesura que exige abordar esta cuestión esencial –justo lo que ha brillado ahora por su ausencia–.
El OIJ, con sus méritos, está siendo rebasado por una mentalidad televisiva y mataperros tipo SWAT, derivando, poco a poco, hacia un centro con pretensiones de poder dentro del Poder. El Director, a quien mucho respeto, visitó al presidente de la Corte para comunicarle –no consultarle– que seguirá metiéndose en la U. cuando lo juzgue conveniente. Envalentonado, no más salir de ahí se reunió con los suyos para que le brindaran apoyo, en asamblea televisada entre vivas y aplausos, justo cuando dice, como ministro prepotente, que él se va cuando lo despidan o cuando le dé la gana. Una alianza de jefes policiales deliberó e hizo declaraciones públicas, que la Constitución prohibe a los cuerpos policiales. El OIJ repudió en público un fallo del Consejo de la Magistratura, porque no le aceptó su criterio para despedir a un compañero de quien sospechaba. O sea, se rebeló y criticó públicamente a sus superiores por no aceptarse su verdad.
Vamos mal ¿Dejar en estas manos la decisión de cuándo se entra y cuándo no a los predios universitarios? ¿Barones dentro del poder judicial con sus propios reductos de poder? ¿Subordinarles la autonomía universitaria? ¿No sería más fácil respetarla y coordinar, que denigrarla y dejarla a la arbitrariedad de quienes, para violarla, pueden alegar terrorismo, subversión, lucha antidrogas o irrespeto al orden público? Ojalá la Sala IV y los magistrados dejen de engordar ese tigre que, pretextando eficacia, quiere más y más poder.
Publicado en La Nación de Costa Rica el 25 de abril de 2010.