September | 2010 |

La deliberada histeria desatada con los retenes policiales, ha servido para que descontentos de buena fe y pescadores de caña larga la emprendan contra la Sala IV. Aprovechando la delimitación hecha por la Sala sobre esa medida policial secundaria y algunas otras sentencias (que el 95% de los opinantes no ha leído completas), sectores sociales y políticos que quieren reinar y no gobernar, están tratando de amellar una de las últimas defensas ciudadanas contra este Estado de camarillas que se ha creado.

Si bien hay sentencias que no satisfacen, sobre todo cuando fortalecen el carácter cesarista, plutocrático y familista del poder político, el único refugio institucional que queda con capacidad para medio detener las arbitrariedades y abusos cotidianos contra la ciudadanía, es la Sala Constitucional. Con el anterior sistema, la aceptación de recursos de inconstitucionalidad era una proeza. El estudio bibliográfico del Lic. Fernando Guier así lo demuestra. Con frecuencia, una ínfima minoría se imponía a la mayoría de la Corte Plena, para negarle sus derechos a las personas.

La judicialización de la política es fruto de la corrupción y de la irresponsabilidad de diputados y políticos incapaces de afrontar y resolver los temas que les competen; no de la Sala IV. Incluso se ha dicho que como ciertos proyectos no tienen viabilidad en la Asamblea, entonces se va a ir a la Sala para ver si allí tienen éxito. La consulta de constitucionalidad de que se quejan tanto, no es tan mala. Se legisla tan mal y se violan tanto los procedimientos legislativos, que por suerte existe una Sala que les enmiende la plana; porque si no, ¿dónde reclamar?

Otra queja es que se retarda la tramitación. Pero la verdad es que el retraso es legislativo. Porque cuando se ordenan correcciones, es cuando las cosas se hicieron muy mal y violaban la Constitución. Si no hubiera sido que un ciudadano presentó un recurso de amparo, no existiría el referéndum. No obstante, declarado con lugar y la Asamblea obligada a legislar, entonces todos salieron a llenarse la boca sobre las maravillas de ese instrumento de democracia directa.

Cierto. Hay que hacer algunas reformas, pero sin amellar el casi único instrumento de defensa ciudadana directa que tenemos: porque las resoluciones de la Defensoría carecen de poder vinculante. De allí que haya que vacunar las reformas contra esos políticos y burócratas que esconden, desinforman y mienten; y fortalecer –no debilitar– la dimensión democrática y controladora de la Sala IV y la Contraloría. Claro que en otro ambiente, no bajo el actual, saturado de las presiones de una campaña demagógica que busca confundir a la opinión pública.

El único refugio institucional que queda, con capacidad para medio detener las arbitrariedades y abusos cotidianos contra la ciudadanía, es la Sala Constitucional.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 26 de setiembre de 2010.

Como dijo Clement Atlee, hay veces en que “se estaría tentado a decir ‘son solo palabras’; pero en momentos importantes las palabras son actos”. De allí que el discurso presidencial del 15 de setiembre sea exagerado, históricamente errado y políticamente peligroso.

Aunque el narcotráfico es muy grave y exige máxima atención, no es el único problema. Ese enfoque yerra el diagnóstico, sobredimensiona su naturaleza y alcances para Costa Rica y la pone en vías de convertirse en un “Estado fallido” (lo que jamás ha sido), susceptible de intervenciones foráneas preventivas. Que se necesite mayor presencia y eficacia estatal es una cosa; pero declararse incapaz de lograrlas, es gravísimo. Tampoco el país tiende a ser un México semitomado por los narcos (frase hecha, sin sustento), sobre lo cual, dicho sea de paso, se ha exagerado al máximo.

México es uno de los 14 países más grandes del planeta; nosotros no. Tampoco tenemos frontera con EE.UU., que es el mercado final, que por cierto este año aumentó más su demanda. Estamos lejos de tener carteles tipo Los Zetas o de Sinaloa, que luchan por mucho más que el control de las rutas clandestinas. Los nuestros son trasegadores, que dan tumbonazos, hacen cobros de cuentas y, dado que desde hace algún tiempo se paga con droga, pelean entre sí por el control de la distribución y venta local. Claro que hay que combatirlos, pero sin dramatizar.

Luego de un diagnóstico tan alarmista y desproporcionado, sin datos relevantes ni bien desglosados que justifiquen la gritería, se nos advierte que, como no tenemos fuerzas armadas sufrimos una gran vulnerabilidad, lo que nos acerca –¡otra vez!– al triángulo del Norte y a México. Pero este y Guatemala, El Salvador y Honduras (el triángulo), tienen poderosos ejércitos y la policía más numerosa, lo cual muestra que no es militarizando el conflicto como mejor se le enfrenta, y mucho menos –so pretexto de una nueva doctrina de seguridad nacional–, minando las libertades ciudadanas.

Esa visión, tan alarmista como exagerada (¿qué se dice en el plan integral que reclama don José María Rico en materia de seguridad?), conduce a ver el problema desde la óptica militar de acabar con el enemigo interno, que llevó a Centro- y Suramérica a los crímenes ya conocidos. Por eso resulta llamativo que, con coincidencia de reloj, nuestro Gobierno se afane, a nombre del Istmo, a “exigirle” a EE.UU. más recursos.

Esta exigencia es “providencial”: llega cuando Hillary Clinton anunció la semana pasada, ante el Council of Foreign Relations, que su Departamento y el Comando Sur ya nos tienen listo un “Plan Colombia Bis”, corregido y aumentado para toda la región. Ni que fuera compadre hablado. Feliz día de la Independencia, señora Presidenta.

Publicado en La Nación de Costa Rica del 19 de setiembre de 2010.

¿Qué pasa con el Plan integral de seguridad ciudadana? ¿Está siquiera en agenda? (Foto de la llamada "policía de proximidad" que se estrenó en el 2001. Archivo LN).