En el país son claros los esfuerzos por debilitar las instituciones encargadas por la Constitución de los controles y procedimientos establecidos, para el funcionamiento de un Estado de derecho y evitar una peligrosa concentración de poder.

El pretexto usado es siempre el mismo: la urgencia de aprobar el proyecto o las nuevas normas. Lo que se ha querido es una democracia venida a menos y un Ejecutivo venido a más, con las manos sueltas y librado a su voluntad.

Esto ha ocurrido ya en otros países del área con resultados nefastos. Sin embargo, los miopes intereses inmediatos les han impedido aquí, ver que en todos los casos se repite la misma historia. Son varias las naciones que se deslizaron por esa pendiente y cambiaron la democracia representativa por una democracia delegativa; o, como se le llamó aquí, por una dictadura en democracia.

El debilitamiento de las instituciones y la cultura democrática en nombre de la urgencia y la eficacia, desembocó en los Gobiernos neopopulistas que ahora han vuelto la tortilla al revés. Utilizando el mismo menosprecio y disgusto con los controles administrativos y políticos, usaron su rompimiento como palancas para consolidar formalmente su poder y sus propios controles y, ya nombrados, gobernar antidemocráticamente. Por eso es tragicómico ver a quienes ayer no más clamaban contra las trabas políticas y administrativas de la democracia, creyendo que ellos iban a gobernar, elevar sus quejas al cielo porque hoy son sus adversarios quienes las aprovechan para darles su misma medicina.

En la actualidad, la Sala IV, la Contraloría y hasta la Procuraduría, son objeto de toda clase de ataques, orientados no a mejorar sus competencias y desempeño, sino a debilitarlas institucionalmente, obviando que la mayoría de los atrasos y obstáculos que se producen, no son más que el resultado de la torpeza política del Ejecutivo o del erróneo proceder de la Asamblea.

Un buen ejemplo es el proyecto para que los bienes decomisados al narco pasen al Estado sin esperar el resultado del juicio. Esto eliminaría la presunción de inocencia y es una condena por adelantado, por eso a la Sala IV no le quedará más que declararlo inconstitucional.

Igualmente, muchas empresas creen haber tocado el cielo con las manos, cuando logran sentir de cerca las delicias de un Poder Ejecutivo complaciente y dispuesto a saltarse a la torera los requisitos y las exigencias establecidas, so pretexto de acelerar su pronta instalación.

Por eso les ha ocurrido con frecuencia que esas carreras terminan en tropezones. La jarana les sale a la cara, pero no por culpa del Poder Judicial o la Sala IV, sino por su propia responsabilidad. De ahí que, como en la canción, se vengan sembrando infinitas cruces en el Monte del Olvido.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 28 de noviembre de 2010.