La clase política dirigente ha reconocido derechos sin moderación ni análisis y luego no ha podido o querido hacerlos efectivos. Cuando el ciudadano reclama y la Sala acoge su demanda legítima, en vez de asumir su responsabilidad, diputados y funcionarios se irritan con la Sala y la acusan por exigir que se cumpla lo que ellos, los políticos, ofrecieron y garantizaron acatar mediante leyes.