Mientras que la atención de los ticos está mayormente enfocada en temas locales y en la debacle de los servicios públicos, lo que sucede en Centroamérica amenaza la paz y la seguridad del país.
Aquí, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado –aparte de la dedicación de buena parte del personal especializado–, políticamente se han sobredimensionado hechos que, aunque ciertos, no son sino instrumento para poner a nuestras sociedades a combatir delincuentes comunes, que con vinculaciones externas, lo que mantienen son estructuras nacionales con tentáculos más o menos preparados para establecer, en caso necesario, relaciones internacionales.
Examinando la conducta de estas organizaciones delincuenciales, todo pareciera indicar que el interés de nuestros supuestos aliados es delimitar el fenómeno a la cuenca del Caribe y coadyuvar con dos planes fracasados, el Plan México, del presidente Calderón, y el Plan Colombia, del expresidente Uribe. Pero incluso, en ambos casos, el proceso es reducido por distintas fugas en los planes y operaciones (p. ej., la DEA terminó vendiéndole armas a los narcos mexicanos). Finalmente, el verdadero trasiego parece estar yendo, directamente, de Colombia y Venezuela a los EE. UU., sin pasar ya por Costa Rica. El trasbordo principal va de Honduras, Nicaragua y El Salvador, a Guatemala, convertida en centro político-económico del crimen organizado regional.
En el Istmo, política, financiación y la más alta burocracia de los diversos países, han resultado en una proporción enorme, marcados por la corrupción, que ya es pública y notoria. Carecen de claridad acerca de cómo combatir la amenaza y de una visión que combine el combate policial con un servicio de inteligencia e información que incluya el debido y obligado respeto a los derechos humanos. Esos son los socios con los que se nos quiere casar, a cambio de unos dólares que en las condiciones nuestras y con compañías semejantes, el Gobierno ha querido usar para rellenar el vacío del famoso Plan de Seguridad, que yace probablemente en el cementerio Calvo, creado para los llamados “pobres de solemnidad”.
El peligro es que vienen elecciones en varios países istmeños y no se ve ninguna perspectiva de cambio. Al contrario, la más fuerte tendencia es la que parece estar impulsando la DEA hacia la creación de Estados policiales en los que, so pretexto de mano dura, se cercena la democracia, se violan los derechos humanos y se habla del restablecimiento de la pena de muerte.
Con socios de esa calidad, no existe mayor beneficio en ese campo, sino solo el riesgo de debilitar y ver amenazadas nuestras mejores tradiciones institucionales.
Publicada en La Nación de Costa Rica el 4 de setiembre de 2011.