Rodolfo Cerdas |

Las continuas quejas contra los servicios públicos de pronto se convierten en el detonante de la protesta popular en algunas comunidades. Este asunto es complejo y uno de los elementos que está en su raíz, es que la confusión entre lo público y lo privado es ya una constante, frecuentemente justificada con el pretexto de hallar más eficacia y un mejor servicio público. Así, por ejemplo, la transformación del beneficiario del servicio público de “usuario” o “ciudadano” que ejerce sus derechos, a un sujeto aislado, objeto de un privatístico “servicio al cliente”, genera un tipo de relación específica totalmente distinta a la pública y propia, más bien, de la empresa privada.

En apariencia, este cambio debería repercutir en favor del usuario, ahora transformado en cliente; pero este acaba más bien atenazado entre una condición que en realidad no tiene –la de cliente–, y un servicio que, a falta de ganancia privada, exhibe entonces la patología de un burocratismo deshumanizado, ansioso de ganancias y dispuesto a todo por obtenerlas. La experiencia ha demostrado que este procedimiento, generalmente, termina en casos graves de corrupción política y administrativa.

Todo ello genera la conjunción de la inconformidad y la protesta con la inoperancia de los partidos tradicionales, que han acumulado tal serie de problemas políticos y organizativos propios, que su amplio espectro va desde la falta de conexión real y fluida con el mundo real que los rodea y que debieran interpretar y traducir como demandas sociales al sistema político global, hasta una debilitada o nula capacidad de organización y representación política reales. Aun los que tratan de renovarse, carecen de estructura, mentalidad clara y objetivos que les permitan incorporar a la juventud y responder a la gran cuestión que enfrenta el país: ¿qué hacer?

Esta pregunta les corresponde contestarla, sobre todo, a los jóvenes, a los sectores medios y a todos aquellos que estén libres de la contaminación electorera y de las lacras que hemos heredado. Ya los organismos partidarios no pueden seguirse organizando en torno a los métodos tradicionales de un centralismo caudillista, en el cual predomina la figura de un supuesto salvador, que tiene soluciones para todo.

La tarea es amplia, compleja y ajena a los esquemas políticos e ideológicos habituales. Supone una mentalidad y una acción políticas de naturaleza muy distinta a las tradicionales, que se disuelven en puestos y elecciones. Exige, además, una dirigencia creativa, audaz y muy consciente de lo que hereda y de lo que deberá dejar. Se necesita un nuevo paradigma o referente histórico, social, económico y cultural, tan novedoso como creativo; no para cambiar el mundo, sino para salvar al país.

Publicado en La Nación de Costa Rica el 11 de setiembre de 2011.

Mientras que la atención de los ticos está mayormente enfocada en temas locales y en la debacle de los servicios públicos, lo que sucede en Centroamérica amenaza la paz y la seguridad del país.

Aquí, en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado –aparte de la dedicación de buena parte del personal especializado–, políticamente se han sobredimensionado hechos que, aunque ciertos, no son sino instrumento para poner a nuestras sociedades a combatir delincuentes comunes, que con vinculaciones externas, lo que mantienen son estructuras nacionales con tentáculos más o menos preparados para establecer, en caso necesario, relaciones internacionales.

Examinando la conducta de estas organizaciones delincuenciales, todo pareciera indicar que el interés de nuestros supuestos aliados es delimitar el fenómeno a la cuenca del Caribe y coadyuvar con dos planes fracasados, el Plan México, del presidente Calderón, y el Plan Colombia, del expresidente Uribe. Pero incluso, en ambos casos, el proceso es reducido por distintas fugas en los planes y operaciones (p. ej., la DEA terminó vendiéndole armas a los narcos mexicanos). Finalmente, el verdadero trasiego parece estar yendo, directamente, de Colombia y Venezuela a los EE. UU., sin pasar ya por Costa Rica. El trasbordo principal va de Honduras, Nicaragua y El Salvador, a Guatemala, convertida en centro político-económico del crimen organizado regional.

En el Istmo, política, financiación y la más alta burocracia de los diversos países, han resultado en una proporción enorme, marcados por la corrupción, que ya es pública y notoria. Carecen de claridad acerca de cómo combatir la amenaza y de una visión que combine el combate policial con un servicio de inteligencia e información que incluya el debido y obligado respeto a los derechos humanos. Esos son los socios con los que se nos quiere casar, a cambio de unos dólares que en las condiciones nuestras y con compañías semejantes, el Gobierno ha querido usar para rellenar el vacío del famoso Plan de Seguridad, que yace probablemente en el cementerio Calvo, creado para los llamados “pobres de solemnidad”.

El peligro es que vienen elecciones en varios países istmeños y no se ve ninguna perspectiva de cambio. Al contrario, la más fuerte tendencia es la que parece estar impulsando la DEA hacia la creación de Estados policiales en los que, so pretexto de mano dura, se cercena la democracia, se violan los derechos humanos y se habla del restablecimiento de la pena de muerte.

Con socios de esa calidad, no existe mayor beneficio en ese campo, sino solo el riesgo de debilitar y ver amenazadas nuestras mejores tradiciones institucionales.

Publicada en La Nación de Costa Rica el 4 de setiembre de 2011.